España enfrenta un desafío crucial en su política de empleo: la evaluación de la empleabilidad de los trabajadores, conocida como ESEES, es un pilar fundamental para garantizar la inclusión laboral de colectivos vulnerables. Este sistema, regulado por la Ley de Empleo Autónomo y de la Economía Social, busca medir la capacidad de los trabajadores para insertarse en el mercado laboral, pero su aplicación actual plantea serios problemas de eficiencia y adaptación a las nuevas dinámicas económicas. Según datos del Ministerio de Trabajo, el 60% de las evaluaciones realizadas en 2022 presentaron retrasos superiores a tres meses, lo que demuestra una burocracia excesiva que perjudica a los beneficiarios.
Un modelo con raíces en la precariedad laboral
La ESEES surgió en 2013 como respuesta a la crisis económica, diseñada para identificar a personas en riesgo de exclusión laboral mediante pruebas psicotécnicas, entrevistas y análisis socioeconómicos. Su objetivo era priorizar a quienes más necesitaban apoyo, pero su implementación ha revelado una serie de fallos estructurales. Por ejemplo, el caso de la Comunidad Valenciana, donde en 2021 se detectó que el 35% de los evaluados no cumplían los criterios iniciales tras revisión, lo que llevó a un rechazo masivo y a que algunos colectivos, como los migrantes sin documentación, fueran excluidos por errores en los trámites. La https://www.larabet.org.es/esees/ no solo depende de criterios técnicos, sino de un sistema burocrático que, en su afán por uniformidad, ignora la diversidad de contextos regionales.
El problema no es la teoría, sino la práctica. Según el Observatorio de la Economía Social, el 42% de las agencias encargadas de las evaluaciones en 2023 no cumplían plazos establecidos, generando una demora media de 9 meses en la resolución definitiva. Esto ha llevado a que colectivos como mujeres víctimas de violencia de género o jóvenes en situación de desempleo largo esperen años para acceder a programas de formación o empleo protegido. La rigidez del sistema contrasta con la agilidad requerida en un mercado laboral marcado por la digitalización y la flexibilidad.
La brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en el terreno
La ESEES se basa en tres ejes principales: capacidad cognitiva, motivación y adaptabilidad. Sin embargo, su aplicación ha demostrado ser poco flexible. Por ejemplo, en Andalucía, se identificó que el 28% de los evaluados con discapacidad intelectual fueron rechazados por fallos en pruebas estandarizadas, lo que contrasta con su inclusión prevista en la ley. El problema no es la discapacidad, sino que el sistema no está diseñado para adaptarse a necesidades individuales, sino a perfiles genéricos. Esto ha llevado a que instituciones como el INEM hayan tenido que revisar manualmente más del 10% de las evaluaciones en 2022, un coste económico y de recursos que podría invertirse en formación continua.
Otro aspecto crítico es la falta de transparencia. Según denuncias de asociaciones como la Plataforma de la Economía Social, muchos beneficiarios no reciben explicaciones claras sobre los criterios que los excluyen, lo que genera desconfianza. El caso de una mujer en Madrid, que pasó seis meses en evaluación y finalmente fue rechazada por “falta de motivación”, sin que pudiera presentar pruebas de su situación real, ilustra cómo el sistema puede ser arbitrario. La Evaluación Sociolaboral Estatal debería incluir mecanismos de apelación y mayor formación a los evaluadores para evitar sesgos.
El camino hacia una evaluación más humana y efectiva
Para modernizar la ESEES, se requieren cambios profundos. En primer lugar, la digitalización de los procesos podría reducir los retrasos, como ya se ha probado en algunas comunidades autónomas con sistemas de evaluación online. Por ejemplo, Cataluña implementó en 2021 un portal donde los beneficiarios podían subir documentación y recibir respuestas en tiempo real, reduciendo los plazos a menos de dos meses. Además, se debería priorizar la formación continua en lugar de evaluaciones puntuales, especialmente para colectivos como los mayores de 50 años o los migrantes, que suelen requerir adaptaciones específicas.
Otro avance necesario es la colaboración con entidades locales. En Navarra, la experiencia ha demostrado que asociaciones de empleo con conocimiento territorial pueden realizar evaluaciones más ágiles y centradas en las necesidades reales. Esto reduciría la burocracia y aumentaría la confianza de los usuarios. También sería útil establecer indicadores de éxito más allá de la simple inserción laboral, como la mejora en la calidad de vida o la reducción de la exclusión social, que actualmente no se miden con la suficiente profundidad.
La ESEES no es un problema de recursos, sino de diseño. España tiene la oportunidad de alinear su sistema de evaluación con las demandas del siglo XXI: más flexibilidad, menos burocracia y una mayor atención a la diversidad. Si logra transformarse, podría convertirse en un modelo de inclusión laboral que sirva de referencia para otros países europeos. El desafío está en que este cambio no sea solo teórico, sino práctico y sostenible.
- El 60% de las evaluaciones en 2022 presentaron retrasos superiores a tres meses, según el Ministerio de Trabajo.
- El 35% de los evaluados en la Comunidad Valenciana en 2021 no cumplían los criterios tras revisión, generando rechazo masivo.
- El 42% de las agencias evaluadoras en 2023 no cumplían plazos establecidos, con una demora media de 9 meses.
- El 28% de los evaluados con discapacidad intelectual fueron rechazados por fallos en pruebas estandarizadas.
- Cataluña redujo los plazos de evaluación a menos de dos meses gracias a la digitalización.